“(…) las mujeres que durante el juicio a las Juntas en 1985 se atrevieron a denunciar que habían sido víctimas de violencia sexual durante su cautiverio, venciendo las barreras de vergüenza y la culpa, ante el tribunal formado por seis jueces de la Cámara Federal, recibieron como respuesta una autorización tacita para expresar su dolor (…) pero ninguna reparación ante la justicia (…) ¿Por qué? La violación estaba incluida en la tortura. Era natural que hubiera ocurrido (…) Los delitos de este tipo son aún de instancia privada, es decir, solo se investigan si media la voluntad de la víctima. Es decir que, si en el caso de una violación, por alguna razón (presión familiar o social, vergüenza, o un injustificado sentimiento de culpa) la mujer decidiera guardar silencio el agresor quedaría impune (…) Por otro lado, en los delitos de acción pública, el Estado, anoticiado de un crimen, actúa sin necesidad de intervención o solicitud de persona alguna, ni siquiera de la víctima para resguardo de la sociedad.
Los jueces, fiscales, e incluso las mismas mujeres consideraban a mediados de los 80 los crímenes sexuales como algo secundario, frente a la figura de la desaparición forzosa y el homicidio y, por supuesto, el robo de bebés. La apropiación de bienes materiales tampoco fue materia del juicio a las Juntas. La mayoría de los testigos consideraba impúdico mencionar más que al pasar las pérdidas materiales: muebles, electrodomésticos, automóviles, departamentos, tierras, en medio de tantas pérdidas de vidas. Y aun así, merece ser tema de reflexión que fueran iniciadas mucho antes las causas judiciales por apropiación de bienes de los desaparecidos por parte de los miembros de los grupos de tareas que aquellas por delitos sexuales contra las mujeres secuestradas”
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